Otra ocasión perdida

QUÉ DEBERÍAN TENER EN CUENTA LAS NORMATIVAS SOBRE ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (I)

INTRODUCCIÓN: OTRA OCASIÓN PERDIDA.

Desde el pasado lunes 15 de junio se ha levantado un auténtico clamor entre los padres de niños y jóvenes con altas capacidades y entre un buen número de expertos en esta material, contra la Orden 1493/2015 de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid por la que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. Una reacción parecida a la última gota que colma el vaso y provoca el derrame. La paciencia se ha agotado. Las razones son variadas, y enmascaran unos pocos aspectos que podrían ser válidos, pero que en la práctica se quedan absolutamente en nada.

Entre estos pocos aspectos a mi juicio positivos, la apuesta por la desaparición del término diagnostico cuando se habla de identificar a los alumnos con altas capacidades. Algo que aun siendo obvio, sigue utilizándose con absoluta frivolidad. Una persona con altas capacidades no es una persona con un sindrome o una enfermedad mental. La medida de la inteligencia (indirecta, hay que recordarlo) no es más que un proceso de inferencias a partir de conductas observables sobre la capacidad de resolver problemas o de adaptarse a situaciones del entorno. Sondear la inteligencia de una persona con pruebas psicométricas baremadas no es realizar una analítica de sangre o un cultivo vírico o bacteriano; no es aplicar un electroencefalograma o una resonancia magnetica nuclear. No podemos obtener información directa. Y además, en el caso del nivel intelectual, disponer de una rapidez superior a la media en el procesamiento de información, no es causa o efecto de una enfermedad. Una persona, tenga altas capacidades o no, puede enfermar cuando se le maltrata psicológicamente. Pero la razón de su enfermedad sera el maltrato, no el que disponga de altas capacidades. Algunas personas con altas capacidades sufren o padecen a la vez algún tipo de sindrome, problema psíquico o físico, handicaps de algún tipo, que requieren un tratamiento psicológico o psiquiátrico específico. Se les conoce en el mundo anglosajón como personas “doblemente excepcionales” (como si las altas capacidades fueran algo excepcional, cosa con la que discrepo). Pero la razón de este tratamiento no está en sus altas capacidades, sino en ese problema o diferencia que coexiste de forma paralela. Buena prueba de lo que estoy diciendo es que cuando un centro educativo responde adecuadamente a las necesidades educativas de un alumno con altas capacidades, cuando sus tareas escolares se condensan, cuando acelera en las asignaturas que domina, cuando participa en grupos temporales homogéneos, cuando participa en actividades de simulación, experimentación, aprendizaje cooperativo, proyectos, cuando adelanta de curso, está contento, integrado en la dinámica escolar, sin necesidad de terapias ni tratamientos.

Diagnóstico es un término medico, que nuestro diccionario de la RAE define sin ningún tipo de dudas: es el «arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas y signos.” E incluye esta otra definición: “Calificación que da el médico a la enfermedad según los signos que advierte.” Es un término que deriva del vocablo diagnosis: “conocimiento diferencial de los signos de las enfermedades”. Diagnostican los medicos, y en el caso de las enfermedades mentales, los psiquiatras y los psicólogos clínicos (clinico: perteneciente o relativo a la clínica o enseñanza práctica de la medicina).

Por eso hacen bien las administraciones educativas en evitar referirse a diagnósticos, pues son competencia del mundo sanitario. Y más en el caso de algo tan claro como es “identificar necesidades educativas”. Identificación de necesidades educativas que, en teoría es competencia de los profesionales de la educación, pues entran dentro del campo de la psicopedagogía y en general de las Ciencias de la Educación (psicólogos educativos, orientadores, pedagogos, y hasta docentes). Ahora bien, dicho esto, ¿están los profesionales educativos preparados en su formación y volición para reconocer las necesidades educativas de los alumnos con altas capacidades? Los resultados a fecha de hoy indican claramente que no. Pero la solución no es que los psicólogos o psiquiatras invadan las competencias de los profesionales educativos, sino que colaboren con ellos para resolver los problemas clínicos que puedan tener algunos escolares por una situación de partida problemática, o por una deficiente atención a las necesidades educativas de una mente más rápida y/o compleja. La solución se fragua en la aceptación por parte de los profesionales educativos de la información de los profesionales sanitarios, en lugar de cuestionarla por sistema. Y viceversa.

Por desgracia, ni la mayoría de los profesionales sanitarios ni la mayoría de los profesionales educativos son expertos, ni tan siquiera especialistas, en altas capacidades intelectuales. Y no lo son sólo por falta de formación. Hay claros indicios de que lo que más abunda es una falta de voluntad. Por desgracia estamos habituados a encontrarnos con algunos maestros y profesores, de todos niveles y especialidades, que maltratan a este tipo de niños en lugar de ganárselos como sus aliados en clase (parece absurdo que sea compatible ser maestro a la vez que necio, pero es un hecho real). Sabemos de orientadores que confían en sus poderes clarividentes que les permiten juzgar a los niños y las familias con una recogida de datos de dos días, descartando casos porque están buscando a clones de Ender Wiggins (si podéis leed  El Juego de Ender) en lugar de a chicos y chicas con capacidades por encima de la media. Y tenemos también referencias de administradores educativos, con competencias de atención a la diversidad en algunas comunidades, que comparten a la vez responsabilidades de poner en marcha programas de identificación y atención a los alumnos con altas capacidades, y una auténtica aversion por este colectivo y por sus familias. Ellos sabrán por qué.

Tal vez quien haya leído este ultimo párrafo pensará que he sido demasiado contundente o exagerado. Pero no encuentro otra explicación a que unos administradores educativos hayan perdido una vez más la oportunidad de fomentar el desarrollo del talento en los centros educativos con una norma tan rancia como previsible. Volver al requisito del rendimiento excepcional como punto de partida para una atención significativa sin tener el valor de definer qué entienden por rendimiento excepcional; no ser capaz de definir qué se entiende por alumnos por altas capacidades intelectuales; dejar a los maestros con el marrón de decidir quién se merece una evaluación psicopedagógica y quién no, y a los padres con el único recurso del pataleo; ningunear una vez más la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos; abandonar a los alumnos más capaces hasta que son reconocidos oficialmente; no dar validez de partida a los informes externos de expertos en cuanto a la identificación de un perfil de altas capacidades y en su caso de problemas derivados de falta de atención a sus necesidades; y en definitiva, apostar por un modelo digital de identificación de altas capacidades (si pasas el corte lo eres, y si no, no lo eres, como si de un interruptor de la luz se tratase), exigente, centrado exclusivamente en lo academico, pensado para un número muy limitado de alumnos sin ningún tipo de problema socioemocional, de comportamiento exquisito, son algunos de los lastres con los que ha nacido esta norma. Lo dicho, una ocasion perdida.

¿Qué alternativa tenían los autores de la norma para adaptarse más a la realidad que nos van marcando los expertos? Bastaría con consultar el blog del profesor Javier Tourón, entre otros. O si lo consideran ajeno a sus creencias, tal vez una consulta más apropiada: descargar y leer con detenimiento el ultimo número de Revista de Educación (368), publicación que unos días atrás había colgado en la web el Ministerio de Educación español. Sí, otros responsables educativos como ellos, de rango superior y ubicados en la misma ciudad. Tal vez, con estas lecturas previas se habrían pensado mucho mejor publicar una norma en la que repiten las mismas ideas obsoletas de hace 20 años.

Para no alargar más esta entrada, prometo continuarla aportando qué líneas generales deberían tener en cuenta las normativas de las administraciones educativas en material de atención a las necesidades educativas especificas para altas capacidades. Todo ello desde mi modesto punto de vista, claro.